Viernes, 07 de junio de 2013

(Cristina Fernández anunciando la Reforma Judicial en el Congreso)


Por Germán Eduardo Grosso Molina


Continuamos nuestro post anterior, dedicado a describir el despotismo con el que se maneja el actual Gobierno (que ya lleva 10 años en el poder).

Dedicaremos hoy estas líneas a la reforma judicial propulsada, o “democratización de la justicia”, como la han llamado. Es que claro, siempre es mejor llamar a las cosas con pomposos títulos, antes que por su verdadero nombre. ¿Quién puede estar en contra de la democracia y de la justicia? Ahora bien, las salidas propuestas, están lejos de ello, pues olvidan además que a ambos conceptos, ha de agregarse el de “República”.

La Reforma Constitucional de 1994 introdujo en la existencia del “Consejo de la Magistratura”, organismo ubicado dentro de la órbita del Poder Judicial, conformado por una pluralidad de representantes, y cuya misión fundamental es la de seleccionar los postulantes para cubrir los cargos para las magistraturas inferiores (jueces federales, fiscales, etc.) de la Nación, administrar el Poder Judicial, y acusar a los jueces por mal desempeño o incumplimiento de los deberes a su cargo de delitos comunes, ante el “Jurado de Enjuiciamiento”, otro organismo éste, encargado de “juzgar” a los acusados, determinando su destitución o no del cargo.

Este Consejo está regulado en el Art. 114 de la Constitución Nacional, que dice:

El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Serán sus atribuciones:

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.

5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Es más que clara la Constitución cuando establece que el mismo estará integrado por representantes de diferentes sectores, en la medida que se logre el “equilibrio” (podemos decir, paridad, equivalencia, etc.), entre los que representan a los órganos políticos “resultantes de la elección popular”, es decir, del Poder Ejecutivo y Legislativo, por un lado, y los que representen a los “jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”, por el otro. Además de los representantes de entidades académicas.

El equilibrio tiende a evitar, o bien la concentración de poder en manos de los integrantes del Poder Judicial (como lo sería en un sistema en el que los jueces son seleccionados por otros jueces en ejercicios y/o los abogados de la matrícula), lo que es contrario a un sistema democrático y más bien se asemeja a un sistema “aristocrático” o “corporativo”, o bien, la concentración en los órganos “políticos”, es decir, cuyos representantes surgen del voto popular. Pues en este caso, si bien prevalecería la “voluntad popular”, bien es cierto que ello podría degenerarse en un “populismo”, dejando el campo fértil para la “demagogia” y el “abuso del poder”, ajeno a todo principio “republicano”.

Pues bien, ese “equilibrio” del que habla la Constitución, tiene a ello, a lograr la justa armonía de representación en un Órgano encargado, nada menos, que de la selección de los jueces.

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Reforma al Consejo

¿Qué propone el Gobierno? Recurramos a una opinión editorial1, que lo define muy claramente: Sofisma, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa: “Razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso”.

En consecuencia un sofisma es un engaño, es una mentira cubierta de una verdad aparente, es una forma de aparentar buenas intenciones, cuando en realidad queremos todo lo contrario. Nuestra sociedad, lamentablemente, vive en un paraíso de sofismas todos los días, se pregonan soluciones y gestiones para el bien común, cuando en realidad lo que se busca es el beneficio de unos pocos. Podemos mirar, por ejemplo, la ya convertida en Ley Reforma del Consejo de la Magistratura y la Democratización de toda la Justicia.

En efecto, se ha propuesto una reforma a la Ley que regula la composición y atribuciones del Consejo, alejándose claramente del texto constitucional. Ello así, por cuanto se pretende que “todos” los cargos de los integrantes del mismo se elijan mediante el voto popular.

A cualquier desprevenido, tal idea le puede parecer muy auspiciosa. Pues de eso se encargan justamente los “demagogos”, de engañar y endulzar los oídos de quienes son encargados de “votarlos” y mantenerlos en el Poder. Pues parecería muy lindo, y muy democrático, poder elegir a los miembros del Consejo. Sin embargo existen algunos inconvenientes para ello. El primero, la Constitución Nacional, que no ha previsto que los miembros sean elegidos de ese modo, sino que ha establecido que ciertos representantes provengan de los jueces y de los abogados de la matrícula, entendiendo que, tratándose de un órgano cuya misión es tan delicada, y requiere de determinados conocimientos jurídicos indispensables, sean los propios interesados quienes elijan a sus representantes. De hecho, periódicamente se han venido realizando elecciones entre los jueces federales y abogados de la matrícula, para elegir sus consejeros.

La reforma pretende que los jueces o abogados que lo integren, sean elegidos por el voto popular, siendo además necesario que los pretendientes, vayan ubicados en una “boleta” (voto) de un partido político. Y es aquí donde nos preguntamos ¿Cómo será posible garantizar la independencia del Poder Judicial, si de ahora en más los representantes de los jueces deberán sí o sí compartir una boleta de un partido o fuerza política? Si ya vemos como la justicia se encuentra “politizada”, ¿Qué esperamos que ocurra ahora?

Pensemos que de ahora en más, los jueces no podrán elegir a sus representantes para el Consejo, lo hará el pueblo. Pero además, los jueces que pretendan postularse, deberán conseguir un lugar en una boleta de un partido político, y hacer “campaña política” con ese partido, para poder obtener los votos necesarios. En efecto, o la campaña la hará el partido político por él, o él mismo deberá sumarse a la campaña proselitista. En uno u otro caso, estamos ante la presencia de la clara partidización del poder judicial. Lo mismo ocurre con los abogados y/o académicos que ocuparán su lugar.

Si llegara al despacho de un Juez elegido de ese modo junto a un partido político, una causa en la que tenga que decidir la constitucionalidad de una ley, o la responsabilidad del estado en una causa particular, etc., ¿Cómo creen uds. que fallará?

Además la ley establece como requisito que el Partido Político tenga representación en al menos 18 distritos (o Provincias), por lo que surge a la vista que sólo el partido oficialista, y alguna otra fuerza de oposición, estarán en condiciones de cumplir con tal recaudo.

Asimismo, se incorporan representantes de otras áreas académicas en el Consejo, como psicólogos, sociólogos, etc. Y nos preguntamos ¿Quién definirá exactamente a qué área del saber se le dará participación? ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué parámetros? ¿Son idóneos verdaderamente para ejercer tan delicada función, como por ejemplo, administrar los recursos del Poder Judicial?

Cierto es que, con el diagrama que se la ha dado a este órgano, el partido político que gane las elecciones generales (llamaremos así a aquellas en las que se elige Presidente y Vice, y legisladores nacionales), tiene grandes probabilidades de ganar del mismo modo los cargos propuestos para ocupar lugares en el Consejo, pues bien podría haber resultado al menos más prudente, haber previstos esta selección en las selecciones intermedias (que son aquellas que ocurren luego de 2 años, entre los 4 años que dura el mandato presidencial, en donde se eligen legisladores).

De este modo se podrá obtener una mayoría automática de 2/3 de sus miembros. De manera que el principio republicano de división de poderes y control recíproco entre los órganos, además de la independencia judicial y no politización de la justicia, corren evidentemente un grave peligro.

 A todo evento, reiteramos, pude ser discutible este sistema, podemos estar de acuerdo o no (ya hemos expresado nuestra disconformidad), pero lo cierto además es que, tal como ha sido planteado, resulta violatorio de lo que hoy dice el art. 114 de la Constitución Nacional, por lo que para establecerlo entendemos que resultaría necesaria una reforma constitucional.

Finalmente mencionamos que se han modificado las mayorías por las que el Consejo puede tomar decisiones. Toma importancia para ello el caso de la acusación de jueces. En efecto, el Consejo es quien acusa por mal desempeño, delitos, etc. a los magistrados en ejercicio, ante el Jurado de Enjuiciamiento para que éste decida si los destituye o no. Hasta antes de la sanción de la ley eran necesarios 2/3 de sus miembros, mientras que de ahora en más sólo deberá reunirse la mayoría absoluta (mitad más uno). Esta es otra muestra más del avance del poder político frente a la independencia del Poder Judicial.

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(Marcha en repudio de la política del Gobierno, entre ellas, la Reforma Judicial)

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Cámaras de Casación y medida cautelares

Brevemente trataremos este punto. Sin dudas que uno de los mayores reclamos de la ciudadanía frente a la justicia es acerca de su “morosidad” o “lentitud”. La agilización de los procesos judiciales es sin dudas un gran desafío a encarar. La reforma lo que plantea es la creación de diferentes Cámaras de Casación Civiles, Comerciales, Laboral y Seguridad social y Contencioso administrativo.

¿En qué consisten? Hoy por hoy, por encima de los jueces federales de primera instancia se encuentran las Cámaras de Apelaciones, que son tribunales superiores a los primeros, con la facultad de revisar lo resuelto por aquellos a través de los recursos de apelación. Finalmente se cuenta con los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de justicia del País.

Lo que hace la reforma es crear una nueva instancia. Pues luego de la actuación de las Cámaras de Apelaciones, se podrá recurrir en casación ante éstos nuevos tribunales, sin olvidar que aún subsistirán los recursos extraordinarios ante la Corte. Prolongación de los procesos, mayores gastos, mayor necesidad de trabajo profesional de los abogados, será el resultado de esta modificación, lo cual resulta en detrimento del interés del ciudadano común, sobretodo del de bajos recursos, que en muchos casos no podrá afrontar juicios tan largos y costosos.

Además, una suspicacia más. En efecto estos tribunales serán creados con la nueva ley, de modo que el nombramiento de los magistrados que ocuparán su lugar estará a Cargo del “nuevo” Consejo de la Magistratura con la fisonomía adquirida con la reforma de la que ya hablamos. Por otro lado se le quitará, en cierta medida, poder de decisión a la Corte, porque bien es cierto que tal vez muchos procesos, por lo costoso y demoroso del trámite, tal vez sólo arriben ante esta instancia.

Finalmente agregamos que hasta que los nuevos jueces sean nombrados, los cargos serán ocupados por jueces subrogantes, con un procedimiento bastante dudoso de designación.

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Medidas cautelares

Una cautelar es aquella medida que un particular solicita a un juez para poder garantizar el resultado de un proceso. Como sabemos los juicios llevan su tiempo y a veces se prolongan demasiado. Si se espera hasta que el juicio culmine con la sentencia definitiva, se puede correr el riesgo que a la hora de hacerla cumplir, ello resulte imposible. Ejemplo: si demando la restitución de una cosa, como puede ser un automóvil, es posible que hasta que se dicte la sentencia, el vehículo sea vendido por quien lo tiene o se destruya. Por eso existe medidas cautelares que tienden a proteger el bien objeto del juicio, como puede ser un embargo o un secuestro.

La reforma lo que hace es crear un sistema autónomo de medidas cautelares, cuando el Estado intervenga en una causa determinada. En estos casos regirá lo dispuesto por la nueva ley, y sólo supletoriamente el Código Procesal.

Básicamente este régimen diferenciado privilegia la situación del Estado frente a un particular. Un ejemplo de ello es que toda medida cautelar siempre debe otorgarse inaudita parte, es decir, sin que la parte contraria lo sepa. En este caso la ley establece que el Juez debe pedir, antes de ordenar cualquier medida, un informe del Estado, con lo cual ello configura un “preaviso” para éste de la medida que se pueda tomar.

Asimismo limita su duración en el tiempo. Como dijimos, esta medidas tienden a asegurar el resultado del juicio, que concluye con la sentencia definitiva. Al limitar en el tiempo la duración de la misma, se desnaturaliza en forma evidente esta finalidad de tales medidas.

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Éstos son algunos de los comentarios que podemos efectuar sobre esta reforma. Ni hablemos de la brevedad y celeridad conque proyectos tan trascendentes han sido remitidos al Congreso, y cómo éste los ha tratado, en tiempo record. Asimismo es curioso que este Gobierno que se dice revolucionario, y que gastó millones de Pesos en los festejos de la “década ganada” en los actos del 25 de mayo pasado, cuando los inundados de La Plata aún padecen la pérdida de todas sus pertenencias, se haya dado cuenta de que es necesario reformar la Justicia, justo meses después de que ésta le haya presentado “sorpresas”, si consideramos cuáles eras sus pretensiones, en causas relacionadas con la aplicación de la ley de medios, respecto al Grupo Clarín. Parece mentira que todo el aparato de un Estado se ponga al servicio de una batalla contra un grupo de medios, y hasta se promueva tamaña reforma judicial, sólo para tener una justicia adicta y acorde con los intereses del Gobierno. La impresentable Hebe de Bonafini ya nos los había advertido a principio de año (Véase Bonafini sube el tono de sus amenazas a la Corte, La Nación, 05-01-2013).

Seguía diciendo la editorial que hemos citado: Cuáles serían los verdaderos objetivos que hacen falsas las pretendidas reformas de la justicia.

Con el cambio de la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, se beneficia directamente el Gobierno, ya que es el único que puede proponer candidatos en 18 distritos.

Con la modificación de los recursos de amparo quién se beneficia directamente?, el Gobierno, ya que no podrán defenderse en su contra.

Con la creación de las Cámaras de Casación quién se beneficia?, el Gobierno, ya que dilata los trámites que llevan reclamos, como por ejemplo, los de los jubilados por sus haberes, en plazos de seis años término medio.

Que otros elementos fundan la falsedad de este sofisma social.

El no respetar lo establecido por la Constitución Argentina.

La urgencia de un trámite que estuvo años postergado.

La no organización de debates con participación ciudadana, en tiempo y formas apropiados.

Las sospechas de corrupción de funcionarios del Gobierno, a los cuales estas reformas les aseguran impunidad, al menos inmediata.

La intención de dominar los tres poderes del estado, destruyendo intencionalmente los fundamentos de la República y la Democracia, que se basan en la independencia de estos poderes.

Está claro entonces que está pasando con nuestra República, Democracia… con nuestra Patria. En medio de una “década ganada” en rencores, odios, enfrentamientos, inseguridad, droga, narcotráfico, desnutrición, inflación, etc., y frente a una corrupción sin igual en la historia de, al menos, la reciente democracia en la que vivimos, nos están “robando” la última tabla de garantías, como puede ser el Poder Judicial, que ya bastante mal está, pero que desde hoy, directamente estará sometido a lo que Cristina, sus Ministros y los chicos de Puerto Madero, decidan.


1 Justicia y Paz, Chaco: Editorial: Sofismas Sociales, del VIERNES, 10 DE MAYO DE 2013, POR RAFAEL TROTTI. Link: http://www.portaljusticiaypaz.com/editorial/5898-editorial-sofismas-sociales.html



Tags: reforma judicial, consejo magistratura, medidas cautelares, poder judicial, la campora, GGPolitica, German Grosso

Publicado por GEGM_81 @ 13:49  | politica
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