Mi?rcoles, 06 de octubre de 2010

Por Germán Grosso Molina

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Es altamente preocupante y asombrosa la postura ya claramente asumida por miembros integrantes nada menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y más precisamente por la Dra. Carmen Argibay, quien en el último tiempo ha hecho notar su postura a favor de la despenalización del aborto ("Hablo de aborto y me acusan de asesina, pero yo insisto, esos calificativos a esta altura no me hacen ni cosquillas. Hablar de aborto es defender un derecho", Infobae 24/08/2010).

Más allá de la triste (y grave) concepción de la vida humana y su valoración que se demuestra con esa actitud,  sorprenden las falencias que la magistrada parece tener en el conocimiento de conceptos básicos del ordenamiento jurídico nacional, principalmente lo que disponen la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la misma Corte que ella integra.

Pues la ministra ha llegado a alentar, en diferentes foros y reuniones, a los legisladores para que aceleren el tratamiento de proyectos de despenalización del aborto, advirtiendo que se trata de un problema que afecta en especial a "mujeres jóvenes, pobres e ignorantes" sin acceso a educación ni a métodos anticonceptivos. Por lo que se puede advertir como han quedado expuestos sus puntos débiles en el conocimiento del derecho, lo que resulta por demás grave, siendo que estamos en presencia de una integrante del órgano que es cabeza del poder judicial, custodio final de la Constitución Nacional y último guardián del respeto de los derechos fundamentales de la persona humana.

En efecto, desconoce la ministra que el derecho a la vida es sin dudas el derecho humano más fundamental y esencial de todos, pues de él dependen los demás derechos (sin vida no podemos ya pensar en la libertad, la igualdad, etc.); éste es inviolable y ninguna razón puede justificar su falta de protección y la garantía de su reconocimiento por parte del estado.  La Declaración Universal de Derechos Humanos establece  que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (Art. 3). La Convención Americana sobre Derechos Humanos de manera aún más clara y contundente protege en su Art. 4 el Derecho a la vida, al decir: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El art. 27 prevé los casos excepcionalísimos en los que los derechos garantizados por la convención podrán ser “suspendidos”, pero expresa cuáles no lo serán nunca, y por lo tanto serán garantizados “siempre”, entre ellos el Derecho a la vida (inc. 4º). Entonces nada, absolutamente nada, para la Convención, autoriza a que se deje de respetar y proteger el derecho a la vida de cada persona, de todo ser humano, desde el momento de la concepción. Repetimos: NADA.

La Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 1º establece: Para los efectos  de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edadPero la Argentina, al ratificarla, estableció  “que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edadAsimismo Con relación al art. 24, inc. f, de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina, considerando que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales, interpreta que es obligación de los Estados, en el marco de este artículo, adoptar las medidas apropiadas para la orientación a los padres y la educación para la paternidad responsable… En virtud de esta reserva, hecha a partir de la ley 23849, art. 2º, esas son la “condiciones de la vigencia” de la Convención en nuestro país, y en  esas condiciones tiene jerarquía constitucional.

Ésta en el art. Art. 6 establece: 1. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  2. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Todos estos tratados de Derechos Humanos citados tienen en nuestro país jerarquía Constitucional (art. 75 inc. 22 CN).

El Código Civil establece en el Art. 63 que Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno. Asimismo establece en el Art. 70: Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Entre ellos, el “derecho a vivir”.

Finalmente la Corte Suprema ha dicho que Es el derecho a la vida lo que está fundamentalmente en juego, primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes (fallos 302:1284), y en el caso “Portal de Belén”  dijo: El comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir con la fecundación y es en ese momento que existe un ser humano en estado embrionario (fallos 325:292).

Despenalizar el aborto es permitir acciones que atentan contra un derecho humano fundamental, pues todo lo que no está prohibido está permitido (art. 19 CN). Por lo tanto las razones que pueda dar la Dra. Argibay para fundar su postura “abortista” (aunque ella quiera hacer creer que no) podrían ser propias de cualquier ignorante en materia jurídica, pero no de quien tiene en sus manos garantizar la Constitución Nacional y los Derechos Humanos vigentes.

La problemática debe en realidad atenderse con políticas activas de inclusión social, erradicando la pobreza y la miseria, como así también con programas que se preocupen por la contención de esas mujeres (muchas adolescentes) que tienen embarazos prematuros o no deseados, procurando el bien de la salud de la mujer y del niño concebido, brindando asistencia adecuada y oportuna, tanto médica, como psicológica, económica y fundamentalmente “humana”, siempre atentos de la vida del ser concebido y la madre, considerando además la existencia de miles de parejas deseosas de recibir un niño por medio de la adopción, entre otras cosas. Además es necesaria la educación sexual adecuada, la que debe partir en primer lugar desde la familia y el hogar, y debe basarse fundamentalmente en el amor y la responsabilidad, y no en encontrar soluciones artificiales para el placer y la promiscuidad.

Este desafío recae sin ninguna dudas sobre el Estado, quien debe garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes, pero también sobre toda la sociedad civil, sobretodo aquellos sectores mejor posicionados social y culturalmente. Claro, para muchos es más fácil la “eliminación” alevosa y grosera de seres inocentes, alegando el “derecho de la mujer a decidir”, que asumir acciones concretas para atender la situación de estas personas desamparadas. Cada uno sabrá qué actitud tomar, pero desde el Estado no se pueden desconocer derechos humanos esenciales, y mucho menos de seres inocentes sin voz para hacerse oír.

Germán Grosso Molina

Abogado. Profesor de “Ética General y Jurídica” de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad Católica de Cuyo. Profesor de “Ética y Legislación” de las carreras de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Alimentación, Bioquímica y Farmacia de dicha institución. Miembro del “Instituto de Ética Profesional”. Profesor de “Derecho Constitucional” de la carrera de “Tecnicatura en Procuración” del Instituto “Centro Integral de Investigación, Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento”.


Tags: Argibay, Zaffaronni, Corte Suprema, Derechos Humanos, Vida, German Grosso, GGPolitica

Publicado por GEGM_81 @ 9:01  | politica
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