Martes, 24 de marzo de 2009

¿Cuál es el rol del Estado y la propiedad privada? ¿Cómo se entiende la Justicia Social?

obreros trabajando

Por Germán Grosso Molina

Estamos en tiempos de crisis económica mundial y nuevas recetas se están buscando para paliar sus consecuencias. A 20 años de la caída del comunismo, el capitalismo liberal ha demostrado sus falencias. Por eso a la hora de encontrar nuevos modelos, éstos se deben pensar a la luz de principios trascendentes e invariables que hace a la organización política del hombre.

En eses sentido, la Doctrina Social de la Iglesia fue profética a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, advirtiendo a la humanidad sobre los inconvenientes del liberalismo descontrolado, surgido a partir de la Revolución Industrial.

Es por eso que ante situaciones como las hoy imperantes, quienes deben tomar decisiones al respecto, y velen por el respecto de la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales a luz de su fin trascendente, no pueden desviar el análisis de los principios sociales que aquella fue declarando.

Al respecto, repasamos a continuación párrafos de la gran Mater et Magistra de Juan XXIII, de 1961.

Decía el pontífice al respecto, analizando la cuestión social:

Ahora bien, el testimonio más insigne de esta doctrina y acción social, desarrolladas por la Iglesia a lo largo de los siglos, ha sido y es, sin duda, la luminosa encíclica Rerum Novarum, promulgada hace setenta años por nuestro predecesor de inmortal memoria León XIII para definir los principios que habían de resolver el problema de la situación de los trabajadores en armonía con las normas de la doctrina cristiana...

Al respecto la situación económica de fines del Siglo XIX era grave, y es así como surgió la reflexión sobre la situación obrera y la función de la propiedad privada. Así analiza el documento:

Como es sabido, por aquel entonces la concepción del mundo económico que mayor difusión teórica y vigencia práctica había alcanzado era una concepción que lo atribuía absolutamente todo a las fuerzas necesarias de la naturaleza y negaba, por tanto, la relación entre las leyes morales y las leyes económicas.

Motivo único de la actividad económica, se afirmaba, es el exclusivo provecho individual. La única ley suprema reguladora de las relaciones económicas entre los hombres es la libre e ilimitada competencia. Intereses del capital, precios de las mercancías y de los servicios, beneficios y salarios han de determinarse necesariamente, de modo casi mecánico, por virtud exclusiva de las leyes del mercado.

El poder público debe abstenerse sobre todo de cualquier intervención en el campo económico. El tratamiento jurídico de las asociaciones obreras variaba según las naciones: en unas estaban prohibidas, en otras se toleraban o se las reconocía simplemente como entidades de derecho privado.

 

En el mundo económico de aquel entonces se consideraba legítimo el imperio del más fuerte y dominaba completamente en el terreno de las relaciones comerciales. De este modo, el orden económico quedó radicalmente perturbado.

Porque mientras las riquezas se acumulaban con exceso en manos de unos pocos, las masas trabajadoras quedaban sometidas a una miseria cada día más dura. Los salarios eran insuficientes e incluso de hambre; los proletarios se veían obligados a trabajar en condiciones tales que amenazaban su salud, su integridad moral y su fe religiosa.

Inhumanas sobre todo resultaban las condiciones de trabajo a las que eran sometidos con excesiva frecuencia los niños y las mujeres. Siempre amenazador se cernía ante los ojos de los asalariados el espectro del paro. La familia vivía sujeta a un proceso paulatino de desintegración.

Como consecuencia, ocurría, naturalmente, que los trabajadores, indignados de su propia suerte, pensaban rechazar públicamente esta injusta situación; y cundían de igual modo entre ellos con mayor amplitud los designios de los revolucionarios, quienes les proponían remedios muchos peores qué los males que había que remediar.

Esta situación por lo tanto devino en caótica, y era necesario encontrar una recta concepción de la realidad, pues ya había surgido, como ideología opositora al capitalismo, el marxismo, cuyas soluciones devenían en la supresión de la propiedad privada, partiendo de una concepción materialista y dialéctica de la historia, soñando una sociedad colectivizada en la que la "persona" era un elemento de ella,  fundando un colectivismo, que luego se transformaría en "Comunismo".

Ante esta posibilidad, al sabio León XIII se anticipa a ello:

La "Rerum Novarum", suma de la doctrina social católica (sostenía)

...su mensaje social fundado en las exigencias de la propia naturaleza humana e inspirada en los principios y en el espíritu del Evangelio, mensaje que, algunas discrepancias, obtuvo, sin embargo, universal admiración y general aplauso.

Fue, sin embargo, la encíclica Rerum Novarum, la que formuló, pro primera vez, una construcción sistemática de los principios y una perspectiva de aplicaciones para el futuro. Por lo cual, con toda razón juzgamos que hay que considerarla como verdadera suma de la doctrina católica en el campo económico y social.

Se ha de reconocer que la publicación de esta encíclica demostró no poca audacia. Porque mientras algunos no tenían reparos en acusar a la Iglesia católica, como si ésta, ante la cuestión social, se limitase a predicar a los pobres la resignación y a los ricos la generosidad, León XIII no vaciló en proclamar y defender abiertamente los sagrados derechos de los trabajadores.

Al iniciar la exposición de los principios de la doctrina católica en materia social, declaró paladinamente: Confiados y con pleno derecho nuestro iniciamos el tratamiento de esta cuestión, ya que se trata de un problema cuya solución viable será absolutamente nula si no se busca bajo los auspicios de la religión y de la Iglesia.

Sus principios fundamentales a tenor de los cuales debe reconstruirse, por completo la convivencia humana en lo que se refiere a las realidades económicas y sociales, fueron:

Primeramente, con relación al trabajo, enseña que éste de ninguna manera puede considerarse como una mercancía cualquiera, porque procede directamente de la persona humana. Para la gran mayoría de los hombres, el trabajo es, en efecto, la única fuente de su decoroso sustento.

Por esto no puede determinar su retribución la mera práctica del mercado, sino qué han de fijarla las leyes de la justicia y de la equidad; en caso contrario, la justicia quedaría lesionada por completo en los contratos de trabajo, aun cuando éstos se hubiesen estipulado libremente por ambas partes.

A lo dicho ha de añadirse que el derecho de poseer privadamente bienes, incluidos los de carácter instrumental, lo confiere a cada hombre la naturaleza, y el Estado no es dueño en modo alguno de abolirlo.

Y como la propiedad privada lleva naturalmente intrínseca una función social, por eso quien disfruta de tal derecho debe necesariamente ejercitarlo para beneficio propio y utilidad de los demás.

Por lo que toca al Estado, cuyo fin es proveer al bien común en el orden temporal, no puede en modo alguno permanecer al margen de las actividades económicas de los ciudadanos, sino que, por el contrario, la de intervenir a tiempo, primero, para que aquéllos contribuyan a producir la abundancia de bienes materiales, cuyo uso es necesario para el ejercicio de la virtud , y, segundo, para tutelar los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles, cuales son los trabajadores, las mujeres y los niños.

Por otra parte, el Estado nunca puede eximirse de la responsabilidad que le incumbe de mejorar con todo empeño las condiciones de vida de los trabajadores.

Además, constituye una obligación del Estado vigilar que los contratos de trabajo se regulen de acuerdo con la justicia y la equidad, y que, al mismo tiempo, en los ambientes laborales no sufra mengua, ni en el cuerpo ni en el espíritu, la dignidad de la persona humana.

A este respecto, en la encíclica de León XIII se exponen las bases fundamentales del orden justo y verdadero de la convivencia humana, que han servido para estructura, de una u otra manera, la legislación social de los Estados en la época contemporánea, bases que, como ya observaba Pío XI, nuestro predecesor de inmortal memoria, en la encíclica Quadragesimo Anno , han contribuido no poco al nacimiento y desarrollo de una nueva disciplina jurídica, el llamado derecho laboral .

Se afirma, por otra parte, en la misma encíclica que los trabajadores tienen el derecho natural no sólo de formar asociaciones propias o mixtas de obreros y patronos, con la estructura que consideren más adecuada al carácter de su profesión, sino, además, para moverse sin obstáculo alguno, libremente y por propia iniciativa, en el seno de dichas asociaciones, según lo exijan sus intereses.

Por último, trabajadores y empresarios deben regular sus relaciones mutuas inspirándose en los principios de solidaridad humana y cristiana fraternidad, ya qué tanto la libre competencia ilimitada que el liberalismo propugna como la lucha de clases que el marxismo predica son totalmente contrarias a la naturaleza humana y a la concepción cristiana de la vida.

He aquí, venerables hermanos, los principios fundamentales que deben servir de base a un sano orden económico y social.

No ha de extrañarnos, por tanto, que los católicos más cualificados, sensibles al llamamiento de la encíclica, hayan dado vida a múltiples obras para convertir en realidad prácticas el contenido de aquellos principios. En la misma línea se han movido también, impulsados por exigencias objetivas de la naturaleza, hombres eminentes de todos los países del mundo.

Con toda razón, pues, ha sido y es reconocida hasta hoy la encíclica Rerum Novarum como la Carta Magna de la instauración del nuevo orden económico y social.

Luego la Encíclica se dedica al análisis de la "QUADRAGESIMO ANNO" de Pío XI.

...Dudaban algunos entonces sobre el criterio que debían sostener realmente los católicos acerca de la propiedad privada, la retribución obligatoria de la mano de obra y, finalmente, la tendencia moderada del socialismo.

En lo que toca al primer punto, nuestro predecesor reitera el origen natural del derecho de propiedad privada, analizando y aclarando, además, el fundamento de su función social.

En cuanto al régimen del salariado, rechaza primero el augusto Pontífice la tesis de los que lo consideran esencialmente injusto; reprueba a continuación las formas inhumanas o injustas con que no pocas veces se ha llevado a la práctica, y expone, por último, los criterios y condiciones que han de observarse para que dicho régimen no se aparte de la justicia y de la equidad.

... conviene suavizar el contrato de trabajo con algunos elementos tomados del contrato de sociedad, de tal manera que los obreros y los empleados compartan el dominio y la administración o participen en cierta medida de los beneficios obtenidos.

Es asimismo de suma importancia doctrinal y práctica la afirmación de Pío XI de que el trabajo no se puede valorar justamente ni retribuir con equidad si no se tiene en cuanto su doble naturaleza, social e individual. Por consiguiente, al determinar la remuneración del trabajo, la justicia exige que se consideren las necesidades de los propios trabajadores y de sus respectivas familias, pero también la situación real de la empresa en que trabajan y las exigencias del bien común económico .

El Sumo Pontífice manifiesta además que la oposición entre el comunismo y el cristianismo es radical. Y añade qué los católicos no pueden aprobar en modo alguno la doctrina del socialismo moderado. En primer lugar, porque la concepción socialista del mundo limita la vida social del hombre dentro del marco temporal, y considera, pro tanto, como supremo objetivo de la sociedad civil el bienestar puramente material; y en segundo término, porque, al proponer como meta exclusiva de la organización social de la convivencia humana la producción de bienes materiales, limita extraordinariamente la libertad, olvidando la genuina noción de autoridad social.

Sus Principios fundamentales pueden reducirse a dos:

Primer principio: prohibición absoluta de que en materia económica se establezca como ley suprema el interés individual o de grupo, o la libre competencia ilimitada, o el predominio abusivo de los económicamente poderosos, o el prestigio de la nación, o el afán de dominio, u otros criterios similares.

Por el contrario, en materia económica es indispensable que toda actividad sea regida por la justicia y la caridad como leyes supremas del orden social.

El segundo principio de la encíclica de Pío XI manda que se establezca un orden jurídico, tanto nacional como internacional, qué, bajo en influjo rector de la justicia social y por medio de un cuadro de instituciones públicas y privadas, permita a los hombres dedicados a las tareas económicas armonizar adecuadamente su propio interés particular con el bien común.

La Encíclica de Juan XIII continúa con sus enseñanzas, pero hemos preferido seleccionar los párrafos transcriptos que concentran el núcleo de su prédica, y remitimos a dicho documento ara completar el estudio del mismo.

Vale aclarar que a partir de estas enseñanzas surge el movimiento denominado como el Constitucionalismo Social, mediante el cual los Estados que adoptaron esta postura fueron proclamando en sus cartas magnas estos derechos como fundamentales de sus habitantes. Se citan los casos de la república de Weimar y Méjico, a principios del Siglo XX. En Argentina, luego de la década infame en la que se restauró el régimen conservador, durante los años ´30, éste pensamiento fue el adoptado por el Presidente Juan Perón durante sus gobiernos de 1946/55. Por eso en gran medida dichos principios han sido fuente de la doctrina justicialista.

A la luz de estas enseñanzas, que contienen los valores inviolables y trascendentales del hombre, es que podemos comenzar a repensar un nuevo modelo de organización política y económica, teniendo en cuenta los nuevos desafíos que tiene el mundo frente al Medio Ambiente y la necesidad de crear energías alternativas, mientras que aún subsisten pendientes los problemas de la pobreza y el subdesarrolo de los países periféricos. La realidad contemporánea es notoriamente semejante a la que existía al momento de la Rerum Novarum, por lo que evidentemente si bien se logró un gran avance en los ordenamientos jurídicos, poco se hicieron efectivos los derechos sociales. Esa es la tarea que los cristianos del momento debemos asumir.


Por Germán Grosso Molina

23/03/2009 


Tags: propiedad privada, justicia social, estado, Rerum Novarum, Mater Magistra

Publicado por GEGM_81 @ 5:14  | politica
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios