Lunes, 04 de agosto de 2008

Seguridad en San Juan

Por Germán Grosso
 

Tengo la plena seguridad y certeza que “cualquiera” de los lectores de ésta carta ha sufrido en el último año una violación de alguno de sus derechos humanos fundamentales en la Provincia de San Juan. Cualquier ciudadano que se haya visto sorprendido por un malviviente que le ha arrebatado la cartera (incluyendo además de elementos personales, muchas veces el “sueldo” ganado con el esfuerzo de cada día), que al llegar al vehículo estacionado se encontró con la tristísimo sorpresa de encontrar un vidrio roto, el estero robado, o lo elementos que en él se encontraban, que al llegar a su hogar encuentra puertas o ventanas forzadas y elementos valiosísimos (adquiridos con el esfuerzo de años y años trabajando con esfuerzo y empeño), e innumerables casos, sin pensar en los terribles episodios de robo o asalto a mano armada en plena calle, en el almacén del Barrio, o en nuestra propia casa, ha visto violado derechos humanos fundamentales básicos. En mi caso he sufrido particularmente cada uno de éstos hechos en menos de 1 año. Sin contar lo sufrido por familiares directos (madre, padre, hermanos, tíos) o vecinos.

Basta citar los principales instrumentos de Derechos humanos, que gozan de “jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), para darnos cuenta qué derechos están siendo violados impunemente, sin que las autoridades competentes hagan absolutamente nada para evitarlo, confundidos enormemente, pensando que los derechos humanos son sólo aquellos de los que gozan aquellos “violadores” de derechos humanos básicos de otros ciudadanos. Vemos una ignorancia terrible por parte de las principales autoridades encargadas de la seguridad en la Provincia respecto a los bienes jurídicos de los ciudadanos que deben ser garantizados y protegidos por el “aparato represivo del Estado. La “represión”, cuando se la aplica dentro del marco legal (la Constitución, el Código Penal y las leyes procesales) no es ilegal, por el contrario es un “deber” del Estado y de sus autoridades ejercerla cuando se violan derechos fundamentales.

Citando algunos ejemplos, la Constitución protege y garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada (art. 14 y 17), que incluye el patrimonio de una persona compuesto entre otras cosas por su vivienda, su vestido, los elementos básicos para la vida (heladeras, cocinas, mercadería) o el propio salario (del que tan fácilmente se puede apropiar un malviviente que asalta a una indefensa ama de casa, un jubilado o cualquier trabajador), el derecho a la vida y la integridad físicas de las personas (pensemos aquellos que sufren un asalto que pone en riesgo la propia vida y la de la familia (art. 33).

Todos derechos de los que la humanidad entera se ha encargado de proteger, citemos por ejemplo la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre: el art. 1 (“Todo ser humano tiene derecho a la vida…”), art. 9 (“Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio…”), art. 10 (… derecho a la salud y al bienestar…), art. 18 (… derecho a la justicia…), o la Declaración Universal de los derechos humanos, el art. 16 (… la familia tiene el derecho de protección de la sociedad y del Estado…), art. 17 (derecho a la propiedad… nadie podrá ser privado arbitrariamente de ella),  o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé la obligación de los estados de adoptar medidas de derecho interno que aseguren: el derecho a la vida (art. 4), a la integridad personal (art. 5), la protección de la familia (art. 17), el derecho de propiedad (art. 21), o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protege la familia (art. 23), a la vida (art. 6), y el deber de los Estados de hacer efectivos tales derechos (art.2).

A la vez el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político prevé él mismo que cualquier persona podrá ser privada de su libertad en virtud de las causas que prevé la ley, entendiendo que quien mata, roba, hurta o lesiona a otro está cometiendo un crimen condenado por el Código Penal (art. 75 inc. 12 de la C.N.), y por lo tanto es deber del Estado arrestarlo, enjuiciarlo (mediante un juicio justo) y condenarlo a cumplir la pena. Los procesados deberán estar separados de los condenados, pero “encerrados”, según el mismo tratado de derechos humanos, en su art. 10.

En fin, apelando a la gran disposición de nuestro Gobernador, que ha demostrado haberse preocupado profundamente por los problemas sociales que mantenían a la Provincia en un estado de profunda crisis, creo que es hora que él mismo se encargue de impulsar las reformas necesarias para que se hagan efectivos éstos derechos fundamentales de la ciudadanía de la Provincia que en los últimos tiempos se ha visto terriblemente puesta en peligro ante la inoperancia de los mecanismos de seguridad, prevención y represión del delito que aplican las autoridades correspondientes.

Considerando una verdadera falta de respeto la opinión de aquellos que en algún momento se han atrevido a afirmar que la inseguridad es una “sensación” no una realidad, fundando tan terrible quimera en estadísticas que sólo reflejan el número de denuncias que la población realiza, cunado cualquier ser dotado de razón puede percibir que la ciudadanía está totalmente convencida que efectuar una denuncia de un delito es solamente una mera pérdida de tiempo (del escaso tiempo con el que cualquier trabajador cuenta para poder ganar el sueldo necesario para vivir). Espero que quienes alguna vez hayan pensado eso sepan calmar los gritos de su  conciencia trabajando por la seguridad de los seres humanos a su cargo.

Gracias.


Tags: derechos humanos, san juan, gioja, seguridad, robo, propiedad, inseguridad

Publicado por GEGM_81 @ 6:58  | politica
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